En nuestros días parece cambiar con mucha rapidez la modaen el campo de la teoría política. Apenas han pasado diez oquince años desde que las teorías pluralistas declaraban moribundo al Estado. Con su peculiar mezcla de análisis agudo yutopías éticas, esas teorías parecen ser las sucesoras legítimas delas teorías liberales del siglo XIX. Aunque todavía hay quien lasprofesa, las teorías liberales parecen estar librando accionesdefensivas de retaguardia.1La teoría no puede menos de reconocer el hecho de que las denominadas en el lenguaje del siglo XIX “instituciones libres” se están ahogando como consecuenciade todos los cambios provocados en la estructura social por lasociedad industrial. Sus restos se están convirtiendo rápidamenteen instrumentos de propaganda que utilizan lo mismo sus amigos que sus enemigos. Las discrepancias cada vez mayores entreel poder del sujeto y la impotencia del objeto de la dominacióndieron origen a una multitud de interpretaciones diversas. Sehan utilizado para construir la teoría totalitaria del Estado. Pero esos mismos hechos han servido de apoyo a las dudas expresadas con frecuencia en nuestros días en campos políticosopuestos, respecto de si puede considerarse todavía el término“Estado” como punto de partida apropiado para una investigación acerca de la relación de poder de las fuerzas sociales enla sociedad actual. Como las afirmaciones relativas al concepto denominado tradicionalmente Estado, o a la ausencia de talconcepto, se refieren a la forma y contenido de las relacionesmutuas entre distintos cuerpos sociales, parece convenienteinvestigar primero la situación actual de tales relaciones.

Grupos sociales, políticos y económicos. La liberalidad con que los pluralistas del pasado inmediato han otorgado capacidad política a todos y cada uno de los grupos sociales ha obscurecido un tanto la importancia de los grupos en la vida política. La doctrina pluralista no se cansó nunca de describir “el vasto complejo de naciones reunidas”2 a que los hombres tienen derecho a prestar su lealtad. Para que la personalidad humana pueda encontrar su plenitud, los hombres tienen que ser libres de participar en la más amplia diversidad de experiencias sociales y culturales, y en consecuencia, pueden dividir sus lealtades entre diferentes organizaciones. Ninguna norma societal,* sostenían los pluralistas, puede hacer que en caso de un conflicto entre la lealtad al grupo y la lealtad al Estado prevalezca automáticamente la lealtad a la organización política. La lealtad a la organización particular de nuestra libre elección puede resultar más fuerte, como lo demuestra el ejemplo de los conflictos históricos entre el Estado y las organizaciones religiosas.3 El hecho de que surjan o no situaciones de conflicto depende de nuestra libre decisión de conceder o retirar nuestro apoyo.

En los celosos esfuerzos hechos por los pluralistas para des- truir la imagen del Estado centralizado y entronizar sobre sus ruinas el libre reinado de los grupos voluntarios con una especie de vasta “super-junta de arbitraje” (super clearing-house)4 como órgano de coordinación, se dió un cuadro invariablemente idealizado, romántico, de la realidad social de la vida de los grupos en la sociedad industrial. Una cosa es armonizar las relaciones entre diferentes clubs a los que pueden pertenecer indiscriminada y simultáneamente los mismos individuos y otra, por completo distinta, armonizar la vida de grupos que se excluyen mutuamente. Por regla general, los seres humanos no escogen sus afiliaciones sociales en mayor medida que el lugar donde viven o la calidad de los bienes de consumo que prefieren. Aun en el caso de la iglesia —la piéce de résistence de una sociedad pluralista que funcione bien— el status social constituye a menudo una influencia formadora en la elección de preferencias religiosas. La mera multiplicación de afiliaciones a diversas organizaciones carece de significado si las organizaciones de que se trata no son más que satélites que operan en la misma zona social que la organización principal.

Es cierto que la sociedad moderna ha producido una multitud de organizaciones sociales voluntarias que incluyen en su seno, uniéndolos, a miembros de los estratos sociales más diversos desde el punto de vista religioso, nacional o racial. Operar sobre la base de una estricta igualdad constituye una técnica generalmente aceptada de tales asociaciones. Pero tal igualdad es una condición previa de la feliz coordinación de elementos sociales heterogéneos a los que se hace encajar en la pauta de sociedad aceptada; y esa coordinación constituye a veces la finalidad principal de tales organizaciones. Los autores de una de las empresas más formidables iniciadas hasta ahora en el campo del análisis estadístico de la estructura de los grupos dicen que “entre los miembros de las asociaciones per se hay igualdad, pero las actitudes de clase continúan operando en el sentido de diferenciar a las gentes que pertenecen a las diferentes posiciones existentes dentro de esa estructura.”5

La función política primaria de tales organizaciones es la defensa de pautas generales de vida que se consideran deseables por parte de los grupos que dominan a aquéllas. En consecuencia, su actividad política se agota en la tarea de integración. Sólo conciben la acción directa y concertada del grupo cuando están sometidos a discusión los objetivos específicos de la organización, por ejemplo, los subsidios a las escuelas confesionales o las pensiones a los veteranos de guerra. Esto no excluye la posibilidad de que un miembro prominente de tal organización “de integración” adopte una postura avanzada en algún problema fundamental. Aunque tal actitud puede ser de mucho peso, como lo demuestra el reciente caso del arzobispo de Cantórbery, no tiene que reflejarse necesariamente en la organización, ni obligar a ésta en su conjunto. La organización se verá tanto menos afectada cuanto mejor haya conseguido mantener sus dogmas principales alejados del área de conflicto social inmediato. Organizaciones como la iglesia católica han creado, como consecuencia de una larga experiencia, un sistema de “equilibrio dentro de la organización” (intra-organizational equilibrium) que funciona bien. Permiten deliberadamente a miembros prominentes servir como elemento de contacto con los grupos sociales más diversos y fomentan a menudo grupos “satélites” que persiguen las finalidades sociales más radicalmente opuestas. El efecto político neto es invariablemente el engrandecimiento del grupo principal. A la vez, las medidas destinadas a mantener el “equilibrio dentro de la organización” tienden a realzar la tendencia hacia la “neutralidad” política.6

Tales organizaciones constituyen los canales subterráneos que dan estabilidad a la pauta dominante de sociedad. Apoyan una estructura que sólo permite la aceptación de cambios después de transcurrido un lapso de tiempo relativamente largo. La estructura y composición de tales organizaciones impide que su iniciativa más directa modele la política social y económica. Fórmulas generales y frases populares cubren el área de desacuerdo social.

Los alienamientos sociales transitorios pueden encontrar expresión en la repentina aparición de nuevos grupos sociales. El empobrecimiento de la clase media independiente puede crear grupos especiales de presión, formados por personas interesadas en recibir pensiones. El desencanto del mundo puede producir nuevos grupos religiosos que concentren sus esfuerzos en algunos rasgos especialmente reprobables de un mundo sometido a una mecanización radical. Pero en la mayor parte de los casos su acción no alcanza el nivel político; desaparece en el vasto mar de descontento informe reservado hasta el día del ajuste de cuentas final. Por ejemplo, las organizaciones de consumidores no pasan nunca de ser grupos de importancia social secundaria, aunque parezcan predestinados a cubrir una amplia área donde predominan intereses substancialmente idén- ticos.7 Más aún, de todas las configuraciones alrededor de las cuales pudiera centrarse la organización de la sociedad, la “soberanía de los consumidores” parece ser la que está más alejada de las realidades de la sociedad de nuestros días. El fracaso de los esfuerzos realizados por tales organizaciones para adquirir algo más que una influencia un tanto secundaria en el campo de la protección al consumidor, deriva del hecho de que el status de un miembro de la comunidad está regulado por su posición en el proceso de producción. Una victoria de los consumidores puede imponer algunas reducciones de precios, tipificar o mejorar algunas clases de bienes de consumo o, dentro de ciertos límites bien marcados, contribuir a elaborar un presupuesto familiar más satisfactorio, pero no cambiará el status social de un individuo o una familia. Por el contrario, los cambios en el status de un individuo como productor tienen que afectar inevitablemente a su status social general. Si el cambio es de gran envergadura y de carácter duradero, implicará el abandono o la captura de posiciones dentro del grupo social; significará una degradación o un ascenso en la escala social. Cuanto más mecanizada y despersonalizada está una sociedad, tanto más se calculan las pautas societales con arreglo a las cantidades de bienes fácilmente mensurables de que disponen los individuos. Esta posibilidad de comparación de niveles de consumo sólo se detiene en los estratos superiores de la sociedad. El puñado de personas que disponen de los medios de producción, emulado en tiempos más recientes por los “profesionales de la violencia”, muestra su exaltado rango entrando en una competencia por la máxima individualización posible de las pautas de consumo. Pero esta competencia en el “derroche ostensible”,* dado su costo, sólo se produce en una escala bastante restringida. Aun para quienes ocupan los rangos inmediatamente inferiores a los estratos más elevados, la individualización significa tipificación de hábitos de consumo, aunque sea en un nivel relativamente alto. La personalidad no es, en último extremo, más que un miembro de la ecuación; el otro es la posesión de ciertos bienes.

La sociedad pre-burguesa intentó congelar las posiciones societales en un determinado nivel e inventó medios artificiales de aplazar y penalizar los cambios de status social. Estas políticas estéticas y estas tácticas dilatorias son ajenas a la sociedad adquisitiva.* Esta no conoce sino pocos Schatullen regios —o ninguno— para los miembros empobrecidos de clanes antaño poderosos, y sus registros sociales reflejan fielmente las altas y bajas de las fortunas individuales. Más aún, la sociedad adquisitiva se basa en los efectos tónicos de la inmediata degradación o pérdida de posición social provocada por cambios de status en el proceso de la producción, para imponer la “obediencia voluntaria” a sus usos.8 La sociedad adquisitiva puede no haber encontrado un remedio para los cambios que el socialismo o el fascismo modernos tratan de introducir en su estructura, pero el mecanismo omnipenetrante del éxito calculable que ha moldeado su mate- rial humano, se anticipa a cualquier posibilidad de que los cimientos sociales se vean quebrantados por cualquier forma de resistencia pasiva a las pautas sociales predominantes que pudieran tener su origen en los discípulos contemporáneos de San Francisco de Asís.

La lucha social consiste primordialmente en una lucha por posiciones dentro del proceso de la producción; las esferas de la distribución, cuando no están dominadas —como parece ocurrir cada vez en mayor medida— por las fuerzas de la producción, ocupan el segundo lugar. Los partidos políticos no son sino instrumentos defectuosos de registro de cada una de las etapas de ese proceso. A veces pueden modelarse de acuerdo con las funciones de los grupos en el proceso de la producción, pero ese común denominador falta con mucha frecuencia, y en tales circunstancias los grupos políticos no reflejan el paisaje social. La función integradora ya mencionada eclipsa entonces la función de indicar y medir las relaciones sociales de poder. La investigación ulterior tiene que enfocarse, pues, sobre aquellas fuerzas que participan en el proceso de la producción propiamente dicho.

La organización de los intereses económicos. No parece haber duda en nuestras mentes de que las diferentes economías nacionales han tomado hoy día “carácter asociacional”.*9 Los fascistas basan sus cartas espurias en ese supuesto y los juristas de los países liberales se esfuerzan por conciliar este hecho con los principios individualistas de sus respectivas constituciones. Pero hay mucha distancia entre la imagen creada por cualquier forma de Genossenschaftsheorie (teoría de las corporaciones) y la realidad de los grupos tal como han surgido éstos de las fantasías caprichosas de la sociedad industrial. El concepto de la vida comunal como independiente del interés estrecho de cada uno de los miembros de la comunidad no toma en cuenta el carácter de los vínculos que ligan al individuo con el grupo.

La organización significa la forma más racional y efectiva de conseguir un máximo de beneficios para cada uno de los miembros. El tipo norteamericano de “organizaciones de dirección” (management organizations) parece ofrecer una imagen fiel de tal organización. Aquí no se produce ningún grupo cooperativo de ninguna especie. Varios miembros de la misma rama de la producción o el comercio entregan aquellas actividades en que la acción concertada parece ser mutuamente ventajosa a una organización de negocios que se especializa en el campo de la dirección de organizaciones.10 Las organizaciones de gerencia son frecuentes en las industrias en pequeña escala, en las que se atribuye importancia principal a la reunión e intercambio de informes y cada uno de los miembros puede usar esos informes del modo que le parezca más adecuado a sus fines. Las organizaciones de dirección pueden coordinar las actividades de miembros de la misma rama de la producción o el comercio de fuerza semejante. Pero el valor protector de ese sistema no tiene otra base que la buena disposición de cada uno de los productores para utilizar en su provecho un conocimiento exacto de las condiciones del mercado del producto que elabora o vende.

Pero la confianza en la agudeza de cada uno de los productores es un procedimiento azaroso, en especial cuando la situación tiene que cambiar rápidamente; cualquier acción realizada por uno de los productores, por legítima que pueda ser desde el punto de vista de su defensa propia, puede alterar un equilibrio precario. Se considera necesario un grado más alto de centralización, una colaboración más permanente. Los nombres y las etiquetas no significan mucho y están sujetos a todos los cambios que puedan hacer necesarios las leyes de los diversos países. Alguna asociación puede no ser sino el rótulo que oculta a una sola compañía; tras el título de otra puede ocultarse toda una jerarquía de relaciones de dependencia; una tercera puede unir a productores de un poder contractual semejante. En cada caso el grado de voluntariedad o, inversamente, de permanencia de la sujeción del individuo, se reflejará en la coherencia, vigor o debilidad de la acción organizada del grupo.

Dentro del amplio campo de posible acción del grupo, la meta “constitucional” del grupo de productores será siempre la misma, aunque el grado de éxito o fracaso pueda depender de muchos factores, en parte impredecibles. Se tratará de conseguir y consolidar, por todos los medios posibles de procedimiento jurídico y técnica de mercado, el dominio de los elementos estratégicos que determinan el desarrollo de la producción. Para alcanzar este propósito, el grupo tiene que intentar conseguir tal fuerza que la ruptura desde dentro parezca tan poco beneficiosa como el ataque de la competencia exterior. Hay que hacer frente de modo adecuado al peligro que pueden representar productos substitutivos de los que el grupo elabora, bien sea eliminándolos permanentemente del mercado o robusteciendo la posición competitiva del producto del grupo mediante cambios en la estructura de precios o la mejora de la calidad de aquél.

El progreso de la especialización facilitó la consolidación de las posiciones de grupo. Se especializó la organización de la producción y el equipo técnico, sin que se exigiera, sin embargo, para la mayoría del personal que trabajaba en ella, una capacitación superior. El progreso de la especialización, acompañado por el hecho de que sólo unos pocos tienen conocimiento de todo el proceso de la producción, facilita la exclusión de los posibles intrusos. De estas prácticas exclusivas saca un apoyo bien recibido la propiedad individual.

La propiedad privada implica algo más que la yuxtaposición de la empresa privada y la estatal.11 Contiene también la justificación necesaria para excluir a todos los demás del uso de los recursos, procesos y servicios de propiedad privada. La ampliación de este título privado hasta los límites máximos concebibles ha proporcionado armas importantísimas en la lucha por el dominio de los procesos de la producción. Con objeto de impedir la depreciación prematura de inversiones costosas, la exclusión de los demás del uso de procesos mejores o substitutivos se ha convertido en objeto primordial de una política industrial bien coordinada. Los posibles competidores, inventores e investigadores son incorporados a la nómina; se acumulan patentes, sin tener en cuenta si se piensa o no utilizarlas.

La finalidad de tal política de dominio se alcanzaría por completo cuando no quedase dentro del campo especializado de producción ningún técnico, compañía u organismo independientes; el objetivo no consiste sólo en excluir cualquier peligro concebible de competencia, sino también en prever y anticiparse a cualquier presión indirecta que pudiera surgir si el público o el gobierno tuvieran oportunidad de formarse opiniones propias utilizando tales canales independientes. A la vez, la exclusión es una de las armas poderosas que permiten moldear la estructura interna del grupo a imagen del reducido número de dirigentes. Así, pues, la democracia de los cárteles puede llegar a no ser sino una máscara conveniente. Incluso la desigualdad de acciones no indica siempre toda la extensión en que la asociación no existe sino por consentimiento forzoso y en que las unidades pequeñas son satélites.

La existencia de un número relativamente pequeño de unida- des de producción dotadas de amplios recursos financieros que pueden utilizarse para una política a largo plazo bien planeada, parece aumentar las probabilidades de una monopolización efectiva. Parece más probable que la existencia de un gran número de pequeñas unidades sea más capaz de impedir la aparición de asociaciones autónomas. En muchas ramas de la distribución y la prestación de servicios, las exigencias de capital son pequeñas, el acceso a los negocios fácil y la especialización no es función sino de la capacidad individual. La consecución de una posición monopólica puede llegar a ser una tarea casi imposible para un individuo o una empresa, incluso en una esfera estrictamente local. Pero una presión múltiple ejercida a la vez por los productores, por consorcios verticales que llegan hasta el campo de la venta al por menor y por empresas gigantes de distribución mecanizada, con mayores recursos financieros, provoca un pánico general que motiva la demanda de medidas protectoras restrictivas en beneficio de toda la rama industrial o comercial de que se trate. Cuando una combinación de productores y distribuidores en gran escala ha tomado a su cargo la tarea de organizar la rama y dictar las leyes que hayan de regir en la misma, el vendedor al por menor en pequeña escala se hunde, quedando en la posición de un empleado que soporta los riesgos y que tiene que conformarse con el descuento que se le hace.12

Sin embargo, cuando no hay relaciones de dependencia claramente delimitadas que sirvan de palanca para una efectiva consolidación del grupo, se ha buscado la organización por otros medios. A veces se ha recurrido a la violencia física, ya sea directamente por parte de miembros de la rama o por intermedio de grupos organizados de “profesionales de la violencia”, que realizan así —de modo bastante incivilizado— funciones de so- ciedad de dirección. Pero las combinaciones que se mantienen unidas gracias al uso de fuerza física han resultado por lo general mucho más débiles que las creaciones de colegas más respetables. En primer lugar, sus métodos mismos les dejan expuestas a ataques de los titulares oficiales del monopolio de la fuerza física. Aunque a éstos no les preocupe la legitimidad de las finalidades perseguidas por los grupos, resienten la intromisión en una esfera que teóricamente les está reservada de modo absoluto. En segundo lugar, el ámbito mismo de las ramas de venta al por menor y prestación de servicios, y su peculiar propensión a sufrir expansiones y contracciones rápidas, han aumentado el costo de la policía privada hasta el punto de que ésta no resulte provechosa. Si el método de la violencia no ha conseguido más que un éxito parcial en la lucha por la coordinación de unidades pequeñas, ha sido singularmente ineficaz para impedir la aparición de unidades de venta al por menor y prestación de servicios que operen en gran escala. Sólo las organizaciones de prestación de servicios como la American Medical Association que dispone de un arsenal de armas “legítimas”, tales como la exclusión de los hospitales de quienes no sean miembros de la asociación, han podido mantener prácticas monopólicas durante un período considerable.13

Los grupos y el gobierno. Si la violencia física y otros medios semejantes de coacción no consiguen un éxito duradero, el apoyo de los legítimos titulares del poder coactivo puede dar al “pez chico” una mayor probabilidad de alcanzar la meta deseada con mayores esperanzas de éxito. Las actividades en las que, debido al número de unidades que hay en ellas o a cualesquiera otras cir- cunstancias, no es posible aplicar medidas efectivas de control, consiguen a menudo algún éxito con la ayuda activa de las autoridades públicas. El grado de asistencia gubernamental varía desde la reserva de los favores administrativos a los miembros de la asociación hasta un sistema completo de obtención obligatoria de licencia para operar y la prohibición de establecer nuevos negocios.14

Las organizaciones coactivas, lo mismo que los acuerdos voluntarios, fundan por lo general la distribución interna del poder en la capacidad de producción o el volumen de ventas existente en cada una de las empresas. Nunca tratan de rectificar la distribución de poder predominante dentro de una rama con objeto de favorecer al “pez chico”, ni están estructuradas para hacerlo. Si puede obtenerse el consentimiento de los detentadores del poder público, las posiciones de poder existentes consiguen el beneficio adicional de la legitimidad; y los recursos que en otro caso habrían de gastarse en pleitos judiciales, campañas de publicidad y manejos políticos, pueden dedicarse a usos mejores. Incluso cuando parece ser predominante el interés del gobierno en fomentar los intereses auténticos de la comunidad, como por ejemplo, en el programa de utilización de tierras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, subsisten en toda su integridad las barreras opuestas por los sistemas de propiedad existentes.15

La pretensión del “pez chico” de que.se implante la organización obligatoria es algo a lo que las diversas administraciones nacionales —en especial en países no totalitarios— no acceden por lo general sino con titubeos o con poco entusiasmo; rehuyen un abandono tan manifiesto de los últimos vestigios de la libertad de comercio. Pero en el campo de la producción en masa, un alto grado de organización responde con mucha frecuencia tanto a las necesidades del gobierno como a las del trabajo y recibe en diferentes países sanción y apoyo oficiales espontáneos. En las condiciones que prevalecen durante la guerra, este proceso, que se ha estado desarrollando desde hace mucho tiempo, lleva a una transferencia en gran escala de la autoridad pública a los órganos principales de la administración autónoma privada. En Alemania, donde los grupos privados abarcaron en época relativamente temprana casi toda la esfera de la producción, el gobierno nazi transfirió a la administración autónoma de los grupos todas las múltiples tareas que se fueron presentando en sucesivas etapas de la política de rearme, autarquía y conquista del mundo. Los gestos hechos aparentemente con objeto de separar las funciones privadas de los cárteles de las funciones públicas de la administración autónoma no se hicieron nunca con la intención de que nadie los tomase en serio. No pueden compararse en modo alguno con la política norteamericana de aplicación de las leyes contra los trusts que alcanzó algunas victorias simbólicas durante el intervalo entre el final de la National Recovery Administration (NRA) y el comienzo de la política de preparación para la guerra, y que incluso hoy tiene la validez de una ideología oficialmente adoptada.

Las Reichsvereinigungen (uniones nacionales) que se encuentran al final de la larga y variada experiencia alemana han acentuado la tendencia a transferir la autoridad pública a los órganos de las ramas de la producción existentes y el grado de intensidad de esa transferencia ha dependido sólo de la importancia relativa de cada rama. Se ha confiado a las Vereinigungen un control absoluto de las fuentes de materias primas, así como la conclusión de acuerdos con los países satélites y los extranjeros y, por su composición misma, aquéllas se encuentran en situación de poder hacer un uso eficaz de tales privilegios. Se ha rebajado prudentemente el alcance del principio de caudillaje (Führer-prinzip) con objeto de asegurar la preponderancia de aquellas personas y oligarquías que en cada caso concreto ocupan posiciones predominantes en sus ramas respectivas.16 El contralor inglés, cuyo cargo está remunerado en la mayor parte de los casos por la rama respectiva y que opera bajo la inspección general de un ministerio, parece diferir del funcionario norteamericano que recibe vierte en parte integrante de la maquinaria administrativa. Sin embargo, la semiindependencia del contralor inglés no debe llevarnos a la conclusión de que el imperium original de las asociaciones industriales y comerciales británicas sea más extenso que el de las organizaciones norteamericanas similares. Lo único que ocurre es que la coordinación de las políticas del gobierno y de esas asociaciones ha alcanzado en Inglaterra un estadio más avanzado que en Estados Unidos.17 En este último país la ocupación en masa de los centros nerviosos de la dirección de la maquinaria administrativa por representantes del mundo de los negocios no ha conseguido producir sino una obediencia parcial de ese mundo al pase de lista de las maquinarias combinadas de los negocios y el gobierno.

Todo negociante o funcionario de una asociación de una rama cualquiera de la producción o el comercio al que se ha confiado la tarea de administrar las restricciones, las cuotas, las compensaciones, etc., tiene, naturalmente, la tentación de procurar servir los intereses de su propio negocio o grupo, al que espera volver cuando acabe la guerra. Esto ocurre así, lo mismo cuando sirve al gobierno “sin compensación” —como funcionario que cobra un dólar anual— que cuando le sirve como empleado a sueldo y lo mismo si recibe de su antigua compañía la diferencia entre su sueldo federal y su antiguo sueldo privado que en caso contrario. Tal cosa es cierta incluso cuando corta voluntariamente o se ve obligado18 a cortar, sus conexiones de negocios, o incluso cuando llega a vender sus acciones. Sin embargo, la crítica de los acontecimientos recientes se funda menos en esta serie de hechos que en la interpretación inconscientemente tendenciosa del interés público que es forzoso hagan tales administradores en la mayor parte de los casos.19 Este tipo de crítica no percibe el hecho de que rara vez tienen los gobiernos modernos —tanto constitucionales como fascistas— otra alternativa, si es que quieren mantener la estructura de propiedad predominante en la sociedad de nuestros días y adaptar, al mismo tiempo la política industrial que siguen al funcionamiento cotidiano de la administración. Podemos emplear aquí por una vez la problemática analogía20 con la sociedad feudal: el acto por el cual confirma el rey en sus posesiones al señor poderoso que ha conseguido ganar esas posesiones mediante una expedición colonizadora, no produce ningún cambio en la relación real de poder entre los dos. El rey accede a confirmar el título y el señor desea esa confirmación, porque ambos esperan que ello habrá de ejercer una influencia favorable en el desarrollo futuro de sus relaciones.

Hay otro punto que los críticos tienden a pasar por alto: los técnicos independientes pertenecen al pasado, y el conocimiento disponible en los campos especializados ha sido monopolizado por los propios grupos industriales. El gobierno se enfrenta, pues, a la alternativa de basarse en el consejo ex parte del grupo o constituir una contrapartida administrativa independiente propia. Pero este último rasgo que ha llegado a ocupar el primer plano en Estados Unidos, no indica un proceso de substitución. Aunque puede suponer una amenaza para el futuro,21 por el mo- mentó no presagia sino la posibilidad de un nuevo equilibrio en el cual el órgano de control o regulación estatal pueda desempeñar alguna de las funciones que en un período anterior se suponía ejercidas por el mecanismo del mercado.

La situación monopólica de los sindicatos. Si los sindicatos pudieran conseguir eliminar la competencia entre los trabajadores que se produce en el mercado de trabajo, su posición sería mucho más dominante que la ocupada por los monopolios industriales. Estarían sujetos en un grado mucho menor que estos últimos a la amenaza emanada de la existencia de substitutivos. Aunque los empresarios racionalicen la producción y la fuerza de trabajo humana sea reemplazada por la maquinaria en un grado hasta ahora desconocido, se necesitará siempre un cierto mínimo de trabajo humano. Supongamos que un sindicato pudiese conseguir un monopolio absoluto que abarcase toda la oferta de trabajo disponible. Las relaciones entre patronos y obreros adoptarían entonces formas que sólo se sabe hayan ocurrido en casos excepcionales, como por ejemplo el de los empresarios de teatro de la Broadway neoyorquina, a quienes la Federación Norteamericana de Músicos obliga a contratar a toda una orquesta, aunque no necesiten más que un pianista. Las empresas estarían entonces obligadas a contratar los servicios de muchos miembros de los sindicatos para poder obtener los de unos pocos cuyo trabajo fuera irreemplazable. La única limitación del monopolio del trabajo consistiría en la amenaza del empresario de retirarse del campo de la producción en que se hubiera llegado a tal situación e invertir su capital en campos menos expuestos a perturbaciones sindicales. Pero incluso esta limitación es menos válida hoy que hace treinta años22 ya que la proporción del capital fijo ha aumentado considerablemente y las posibilidades de traspasar el capital a otro campo son más restringidas. En el caso de que quebrase un determinado empresario o hubiera que abandonar por una u otra razón toda una línea de negocios, una organización sindical que monopolizase el mercado de trabajo podría seguir siendo capaz de proteger a sus miembros e imponer la “socialización de las pérdidas” haciendo que la carga pesase sobre el resto de los empresarios y el público en general. ¿Por qué, dadas estas posibilidades, es infinitamente más débil en la realidad cualquier relativo monopolio del trabajo que el monopolio de los demás participantes en el proceso de producción?

Por de pronto, los esfuerzos encaminados a crear un monopolio efectivo del trabajo se ven obstaculizados substancialmente por dificultades semejantes a las que surgen de la existencia de un gran número de pequeñas empresas, estudiadas más arriba. En la esfera de trabajo, la “unidad” es el trabajador individualmente considerado o, mejor dicho, todo individuo que en determinado momento pueda estar obligado a vender su fuerza de trabajo en el mercado. Por regla general, es bastante difícil organizar incluso a los obreros que trabajan efectivamente. Cuando la adquisición de la destreza necesaria para hacer funcionar una máquina llega a ser cuestión de horas, todo el mundo puede convertirse en obrero sin previo aviso y como consecuencia tienden a multiplicarse los azares de la organización. Una solución parcial de las dificultades es el uso esporádico de la violencia como medio de imponer el monopolio —situación semejante a la que encontrábamos en la esfera de la distribución—. Pero la violencia es una garantía muy precaria de éxito en un conflicto real del trabajo. Del uso de la violencia y de las dificultades generales de mantener controladas esas grandes aglomeraciones humanas surgen conflictos internos. Por ello, los sindicatos carecen con frecuencia del grado de coherencia interna que pudiera hacerles relativamente inmunes a la interferencia exterior.

Si el sindicato adopta la forma de una organización racional de negocios, sus miembros se inclinan a considerar la afiliación con el mismo criterio “de negocios”. Entonces, siempre que ello les parece ventajoso individualmente, disocian sus propias perspectivas futuras de las perspectivas del sindicato. Como por lo general el trabajador está menos expuesto a represalias por parte del sindicato de lo que está el empresario a ser objeto de medidas semejantes por parte de su grupo, aquél se siente inclinado con mayor facilidad a desobedecer las órdenes del sindicato o incluso a recurrir a algún organismo ajeno a él, tal como un tribunal de justicia, para ventilar sus agravios. De este modo quedan abiertas otras posibilidades adicionales de interferencia exterior. Además, a medida que el gobierno va interviniendo cada vez en mayor grado en la regulación de los salarios y las condiciones de trabajo, aumenta —tanto para el trabajador individualmente considerado como para el sindicato— la tentación de convertirse en. beneficiarios pasivos de los contratos colectivos patrocinados por el gobierno, que pasan automáticamente a ser parte en los contratos individuales de trabajo23. Desde luego, el hecho de que el gobierno imponga tales cláusulas, presupone el abandono del arma en que tienen que apoyarse los sindicatos como ultima ratio, la huelga, o al menos restricciones de gran envergadura en su uso. Privados de su principal arma de combate, los sindicatos presentan una tendencia a perder el carácter de instituciones independientes que tienen en la relación de los órganos de la producción. Tienden a convertirse en dependencias administrativas de otros grupos sociales más poderosos. Las consecuencias implícitas en este proceso se estudiarán más adelante.

La posibilidad de hacer efectivo el monopolio de la oferta de trabajo en escala ñacional presupondría un sistema bien estructu rado de íntima colaboración entre las unidades de trabajo tanto locales como funcionales. Para que se pudiera utilizar todo el peso del trabajo organizado en cada conflicto importante, habría que dar de lado las rivalidades personales, los pleitos entre sindicatos que se disputan la jurisdicción sobre una zona determinada, las diferencias de tendencias políticas y todos los subterfugios que puede utilizar un sindicato para aprovecharse de un conflicto de trabajo de una unidad vecina con objeto de mejorar su propia posición social. Ha habido casos en que se han dado al máximo todas esas condiciones, como por ejemplo, en las décadas recientes, durante la huelga general declarada en Inglaterra en 1926 en apoyo de la huelga minera. ¿Por qué han fracasado totalmente tales intentos de utilizar el monopolio de la oferta de trabajo? La respuesta se encuentra en la evidente imposibilidad de limitar a las partes contendientes un conflicto de trabajo generalizado.

Una comparación entre el modo de operar de los monopolios industriales y los del trabajo explicará esta tesis. El progreso del monopolio industrial no tiene nada de espectacular, se produce con gran rapidez. No se invita al público a tomar posición antes de que se consume cada uno de los actos que van edificando y afirmando la posición monopólica —ni se encuentra aquél en situación de tomarla—. El acuerdo de formar un cártel, el uso o abuso de una patente, el planeamiento o la restricción de la producción, afectarán a nuestros hábitos de vida, a nuestras oportunidades de empleo, a la cantidad de bienes de consumo de que podamos disponer —podrán incluso, como ha demostrado la experiencia reciente, determinar en último término la capacidad de una nación para resistir un ataque de un enemigo exterior—. Pero las acciones de este tipo tienen su origen en decisiones privadas, decisiones que se adoptan por encima de nuestras cabezas, y nadie tiene la misión de informarnos, a menos que consideremos como información las campañas de publicidad que sacan partido de nuestra falta de conocimiento. Si llega a alcanzarnos algún co nocimiento de tales decisiones, ello ocurre sólo post fe stum y por azar. Podemos cazar al vuelo accidentalmente una información parcial durante un pleito sobre patentes, una investigación parlamentaria o un proceso por violación de las leyes contra los trusts. Pero rara vez tendremos a nuestra disposición datos exactos. Los participantes no ahorrarán esfuerzos ni dinero para impedirnos obtener información y evitar que lleguemos a trazarnos, juntando datos sacados del mosaico de impresiones aisladas, un cuadro adecuado del paisaje industrial que nos rodea. Los creadores de los monopolios industriales parecen utilizar como directiva la afortunada pauta de la casa Borden —la vaca Elsie de la Feria Mundial—: enseñar al cliente muchos detalles de la forma en que se produce la leche, para que no pregunte por las cosas esenciales. La avalancha de información técnica dada gratuita y liberalmente a todo el mundo tiene muchas probabi lidades de enterrar cualesquiera dudas que puedan existir acerca de la diferencia entre los cinco centavos que recibe el granjero y los doce que paga el consumidor final.

La creación del monopolio del trabajo no está rodeada de tales artificios protectores. Cada una de las etapas, desde el primer intento fracasado de organizar un sindicato hasta la prueba final, la organización de una huelga, son visibles para toda la comunidad. Los mítines en la plaza pública, los choques a la puerta de la fábrica, la baja de las ventas del tendero y los pucheros vacíos de la cocina del trabajador, son todos ellos parte integrante de esta escena. Cada paso tiene un aspecto público, y al que se da publicidad, que sale de la confortable intimidad de la sala de reuniones y el contrato privado. Las posiciones de las partes en conflicto son relativamente sencillas. Oficialmente no se refieren más que a los salarios y las condiciones de trabajo. Pero la mayor parte de los miembros de la comunidad sentirán instantáneamente sus repercusiones sin tener que recurrir a operaciones e interpretaciones lógicas más complicadas. Por mucho que el sindicato se esfuerce por mantener la lucha dentro de los límites de un conflicto privado, la otra parte y el público en general no lo creerán así. La autoridad pública, aunque sea formalmente neutral, está en alerta permanente y tiene mil medios de arrojar su peso en la balanza en ayuda de una u otra parte. De los muchos elementos que se oponen a que se produzca un monopolio sindical del mercado de trabajo, ninguno parece ser más insuperable que la rapidez con que la lucha por mejores salarios y menos horas de trabajo se convierte en problema político general.

Lo que es cierto de una huelga aislada es mil veces más cierto de una huelga general. Tanto si triunfa como si fracasa, el mero hecho de una huelga general no sólo altera el equilibrio existente del orden social y constitucional, sino que produce también un profundo cambio en quienes participan en el movimiento. Nadie ha percibido de modo más claro que Georges Sorel todo lo que implica una huelga general. No sólo se esforzó por trazar y aclarar la línea que separa la práctica parlamentaria del campo de la acción sindicalista, sino que subrayó también que la gréve genérale, tout comme les guerres de la liberté, est la manifestation laplus éclatante de la force individualiste dans les masses soule-vées”24. En la acción espontánea encaminada a alcanzar una meta común que por su ámbito y amplitud va más allá de todo interés individual, el trabajador rompe el marco señalado a su acción por las normas de la sociedad industrial. Esto es evidentemente la razón última de por qué los creadores de los monopolios industriales que se han mantenido cuidadosamente dentro de los límites del derecho privado, han tenido mucho más éxito que sus rivales de los sindicatos. Estos últimos se han aterrorizado por la misma magnitud y las posibilidades de las armas de que disponen.

Lo anterior se basa en el supuesto de que el movimiento sindical tiene que intentar acercarse todo lo posible a un monopolio total del mercado de trabajo. Pero subrayar ese supuesto podría acaso implicar un cierto olvido del proceso de transformación que han sufrido las organizaciones trabajadoras durante las últimas décadas. Muchos sindicatos se asemejan hoy a una organización de negocios que sujeta estrictamente su conducta a pautas fijas. Las energías sindicales se dedican con frecuencia de modo exclusivo a apoderarse de posiciones estratégicas bien definidas en el proceso de la producción—modo de conducta que se ha visto fomentado por el creciente proceso de especialización—. Es cierto que “die absolute Disponibilitat des Menschen für wechselndeArbeitserfordernisse” (la disponibilidad absoluta del hombre para las cambiantes exigencias del trabajo)25 que constituye el paralelo de este proceso de especialización y a la vez lo contrarresta, tiene que facilitar, en cierta medida, una vigorización de la importancia de las metas comunes de cada uno de los sectores de los obreros organizados. Sin embargo, los obreros prefieren con mucha frecuencia utilizar la especialización como medio fácil de establecer reservas limitadas. Lejos de luchar por una acción común, concentran a menudo sus esfuerzos en la restricción de la oferta de trabajo dentro de los estrechos límites de uno u otro campo determinado, y se contentan con hacer esos esfuerzos.

El éxito tangible así alcanzado por las organizaciones justifica, al parecer, tal política. Pero al someterse a esta práctica de “esgrima” en campos determinados y fomentarla, los obreros parecen haber quedado cautivos de las exigencias pseudo-objetivas de la racionalidad tecnológica.26

Los capataces aparecen como técnicos, los inspectores como ingenieros industriales y los obreros como colaboradores técnicos en un proceso en el que las diferencias entre quienes se encuentran en la cúspide y todos los demás asumen la apariencia de distinciones tecnológicas. Los objetos de la dominación parecen haberse desplazado. Las organizaciones especializadas de obreros y productores operan en combinación;27 los obreros llegan incluso a servir como una especie de policía contra los extraños inquietos que perturban la paz de la organización del productor; y una política mutuamente benéfica de restricciones “pasa la carga” al consumidor. Es cierto que esas prácticas restrictivas no alivian los problemas de quienes permanecen fuera de las zonas protegidas. Las organizaciones sindicales parecen estar recayendo en el provincialismo —acaso en mayor grado aún que las organizaciones de productores— ya que éstas han aprendido, al menos, a pensar en términos universales y, bajo la constante presión de la demanda de nuevos campos de inversión productiva, han adquirido un cierto grado de flexibilidad. Las campañas para organizar nuevos campos de actividad industrial pueden provocar algunas escisiones. Pero una vez acabada la tarea, alcanzada la cuota, las organizaciones caen en la rutina28 de los contratos apadrinados por el gobierno, las restricciones fraudulentas y los conflictos sobre esferas de competencia. Luchan por la especialización, pero ésta las sofoca.

Racket y sociedad. En el lenguaje de los juristas, siempre más restrictivo que explicativo, las prácticas monopólicas llevadas a cabo mediante la fuerza física, la violencia en los conflictos del trabajo u otros medios parecidos de dudosa legalidad, han recibido en Norteamérica el nombre de “rackets”. Conside- rada desde el punto de vista de una técnica sólida de dominación, la aplicación restringida de un término puede tener una función importante. Destacar algunos métodos particularmente inaceptables sirve como arma conveniente para llamar a cuentas a los culpables y privarles de las simpatías de la masa de la comunidad.29 En efecto, es desde luego evidente que la mayor parte de aquéllos cuya posición en el proceso de producción o distribución se ha hecho inestable tendrán que recurrir a tales armas desesperadas. Pero si hay diferencia de métodos entre “poseedores” (haves) y “desposeídos” (have-nots), primeros llegados y advenedizos, “ciudadanos decentes” y ‘‘racketeers” no hay diferencia en sus aspiraciones, que son esencialmente las mismas: el establecimiento de la dominación sobre un sector del proceso de producción o distribución. El uso corriente del lenguaje ha generalizado, pues, justificadamente el empleo de la palabra racket.30 En el uso popular norteamericano, el término lleva consigo una resonancia de clara significación. Si una persona pregunta a otra “¿Cuál es su racket?, puede no estar tratando sino de enterarse del status profesional del interrogado, pero la forma misma de la pregunta hace referencia a una configuración societal que constituye la base adecuada de cualquier respuesta individual. Expresa la idea de que dentro del marco de organización de nuestra sociedad, el logro de una determinada posición es desproporcionado a las capacidades y esfuerzos hechos para conseguirla. Infiere que el status que ocupa una persona en la sociedad depende de la presencia o ausencia de una combinación de suerte, azar, y buenas relaciones,31 combinación explotada y fortificada de modo sistemático por medio de todos los expedientes inherentes a la noción de propiedad privada que sea posible utilizar.

Los rackets parecen corresponder a un estadio de la sociedad en el cual el éxito depende de la organización y de la posibilidad de acceso al equipo técnico apropiado, más que de la posesión de habilidades especiales.32 A medida que va decreciendo el número de posiciones en las que se requieren capacidad de organización u otras aptitudes intelectuales especializadas, la mayor parte de los aspirantes no tiene que hacer sino adaptarse a procesos técnicos fácilmente comprensibles. Los privilegios fundados en distinciones de capacidad individual se van haciendo cada vez más raros. Lo que importa para adquirir y conservar posiciones sociales no es tanto una capacidad especial cuanto la oportunidad de encontrar acceso a una de las organizaciones que disponen del aparato técnico al que el individuo tiene pocas posibilidades de acceso —y ser aceptado por ella—.

El término racket es polémico. Refleja una sociedad en la cual la posición social ha venido a depender cada vez más de una relación de participación, a ser de modo primordial efecto del hecho de que un individuo consiga o no “llegar”.33 La palabra “racket” connota una sociedad en la cual los individuos han perdido la creencia en que la compensación de sus esfuerzos habrá de ser resultado del mero funcionamiento de órganos impersonales del mercado. Pero se mantiene a igual distancia de la idea —que no encarna— de una sociedad en la que el antagonismo entre los hombres y los elementos inanimados de la producción se ha disuelto en la imagen de una asociación libre para el uso común de las fuerzas productoras. Es la experiencia de una práctica asociacional que implica que ni la elección individual de una asociación ni las finalidades perseguidas por ésta son resultado de actos conscientes que pertenezcan al reino de la libertad humana.

Decrepitud de las instituciones tradicionales. Nuestra sociedad no está dominada por ningún cártel general. Más allá del nivel de las asociaciones y cárteles de una rama de producción, las asociaciones gigantes que operan en diferentes industrias pueden estar ligadas con diversos grados de solidaridad por la presencia en los consejos de administración de las mismas personas, la utilización de idénticas instituciones financieras y la posesión por unas compañías de acciones de otras. La existencia de tales eslabones puede asegurar en muchos casos el funcionamiento de ciertas normas, con arreglo a las cuales pueden zanjarse, sin interferencia exterior, las discrepancias que puedan surgir entre los diversos grupos de productores. Intereses comunes con respecto a la política de trabajo y otros problemas políticos semejantes operan también en favor de la armonía entre los grupos. En esos campos, los éxitos momentáneos que pudieran resultar de la acción separada de cada uno de ellos no compensarían el daño permanente causado a la industria en su conjunto por ese procedimiento. Las Spitzenverbande* manufactureras han hecho mucho para establecer una falange común y concentrar los intereses divergentes en objetivos comunes. Pero todos estos fenómenos uni dos no llegan al establecimiento de un cártel general, de “un órgano que determine el monto de la producción en todas las esferas”.34 No existe un super-grupo omnicomprensivo de todos los intereses divergentes en la esfera económica. Hay, en cambio, una multitud de grupos que ocupan y defienden sus respectivas posiciones fuertemente atrincheradas, y cada uno de esos grupos opera en condiciones especiales propias.

El campo común donde se enfrentan los diferentes grupos de productores, así como todos los demás grupos sociales, es el Estado. Antes de que los grupos organizados alcanzasen una posición de predominio, es decir, en la época que acabó, a más tardar, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el parlamento era a la vez liza de ese encuentro y órgano donde se formaban las decisiones de la comunidad nacional en su conjunto. Era el centro que forjaba las normas generales que habían de predominar en el juego de la competencia, de la multitud de intereses individuales divergentes. El parlamento daba también ayuda y ponía bajo su protección a los múltiples intereses privados que los ciudadanos más emprendedores adquirían en países coloniales y semicoloniales. La antinomia entre Estado y sociedad tal como la concebían los pensadores sociales alemanes de la primera mitad del siglo XIX, había dejado de ser válida. Lo que el joven Marx denominó “el Estado político abstracto y contradictorio consigo mismo”, sólo se mantenía vivo artificialmente para poderlo utilizar como construcción teórica útil, como encargado de contestar las demandas que el individuo podía presentar a la sociedad. Cada uno de los nuevos procedimientos que se abrían al individuo en sus luchas con la sociedad, era saludado entusiásticamente como piedra miliar en el camino hacia el quiliasmo liberal.35

El parlamento resultó ser una institución excelente mientras el empresario individual podía abrirse camino por sí solo v no necesitaba más que las ventajas generales de la seguridad jurídica, una fuerza de policía a la que poder recurrir en todo momento, un ejército adecuado, y aquel mínimo de instituciones educativas y sociales necesarias para que las clases inferiores pudiesen desempeñar las tareas que les correspondían en una sociedad industrial. La aparición de bloques económicos sólidos quebró el poder político del parlamento como institución unificada y unificadora. En el sistema ahora naciente, los grupos económicos asumían cada vez más las funciones de órganos selectivos encargados de escoger los candidatos que se invita al público en general a respaldar. En consecuencia, el parlamento ha dejado de ser el club exclusivo donde gentes de igual posición social —buena— discuten y deciden los negocios públicos. Su utilidad queda limitada a servir de liza donde se encuentran los grupos sociales más diversos que tienen en él medios gratuitos y convenientes para sus actividades de propaganda. Nuevos artificios e instituciones tienen que ocupar el lugar del parlamento.

En el estadio avanzado de infiltración universal de grupos en el parlamento, se impide también apelar de las decisiones del párlamento ante el cuerpo electoral. Este ha quedado relegado a un papel semejante al del consumidor en un sistema de competencia imperfecta. Unas pocas compañías gigantes riñen una batalla limitada disputándose su parte relativa del mercado. La intervención que cabe al consumidor en esta competencia está simbolizada por las campañas de publicidad limitadas a un elogio general e irrelevante de uno u otro producto, de tal modo que todo lo que queda de la “elección del consumidor” es la posibilidad de escoger entre diversas consignas publicitarias. De modo análogo, lo que se presenta al cuerpo político es una selección de personas entre las que puede escoger sus favoritas. Los grupos que presentan a esas personas actúan con el acuerdo tácito de utilizar todos los instrumentos de presión social y jurídica disponibles para impedir que el pueblo deposite su confianza en individuos extraños a esos grupos. Su interés común en mantener en marcha los grupos establecidos, limita en todo momento los movimientos de la competencia necesarios para fijar las partes que respectivamente les corresponden en el mercado. No puede calificarse de soberano en el campo político a un cuerpo electoral cuyos hábitos han sido formados por el clima mental y social de la sociedad industrial, en mayor medida que puede llamarse soberano al consumidor en el campo de la economía. Las preferencias individuales afectan a la cuota de beneficios o al número de votos emitidos en favor de los diferentes competidores, pero han dejado de determinar tanto la calidad como el precio de los servicios ofrecidos al público. Se convoca a los electores para que expongan opiniones que puedan aportar datos pertinentes para la formación de las decisiones del grupo, pero sus expresiones carecen de aquellos elementos de precisión, comprensión y resolución que pudieran permitirles actuar como determinantes volitivos de la decisión final.36

Entre los órganos tradicionales que pudieran ser capaces de servir como cuerpo arbitral último que otorgase o negase legitimidad a las acciones de los grupos, ninguno estaba predestinado al éxito en mayor medida que los tribunales. Situados fuera de la esfera de influencia de los grupos, alejados de las tentaciones que rodean al político popular e investidos de una aureola de imparcialidad, se confiaba en que habrían de dictar sentencias dotadas de un carácter final y una autoridad que el veredicto popular no puede aspirar a conseguir. Sin embargo, cuando trataron de ocupar los puestos de autoridad que estaban vacantes, fracasaron os tensible y uniformemente. Para poder desempeñar esa función, habrían tenido que ejercer una vigilancia constante y que dictar con gran rapidez órdenes suficientemente generalizadas para cubrir áreas de conflicto muy amplias, en vez de normas específicas interpretadas estrictamente, destiladas de procedimientos muy anticuados y seguidas por medios también muy anticuados de conseguir su aplicación.

La autoridad está mejor adaptada para el desempeño de su tarea allí donde su existencia misma hace que las partes modelen su conducta de acuerdo con las normas cuya promulgación se prevé. Si la decisión que puede esperarse, tiene para el posible litigante menos peso que los elementos de tiempo y de costo que implica un pleito ante los tribunales, éstos tienen que perder todos los vestigios de influencia reguladora.37 El grado en que las decisiones judiciales puedan penetrar en las estructuras de los grupos y hacerlas menos coherentes depende del grado de coherencia de los propios grupos. Al parecer, el éxito está en razón inversa del grado de formalización de las estructuras de los grupos. En ciertas circunstancias un racketeer sindical puede verse enredado en la estructura formalizada legal y procesal que poseen de ordinario las organizaciones de ese tipo. Pero las normas procesales no sirven de nada contra quienes están lo bastante seguros de su poder para prescindir de las formalidades de los instrumentos escritos.38

Si se producen batallas jurídicas, incluso una victoria absoluta conseguida en un tribunal por una de las partes contendientes no tendrá influencia duradera sobre la estructura institucional de no haber una maquinaria adecuada para imponer y vigilar la conformidad a las decisiones judiciales.39 Por ejemplo, la política contra los trusts del gobierno de Estados Unidos, es comparable a un paseante ocasional en un bosque40 que rompiese la tela que una araña descuidada hubiera podido tejer a través de un sendero: la araña espera pacientemente a que haya desaparecido el paseante y se apresura a tejer en seguida otra para cazar con el resto de su banda.

Burocracias en competencia. “La experiencia de muchas generaciones hace pensar a los Cafoni que el Estado no es más que una Camorra mejor organizada”.41 Si los órganos reguladores e inspectores tradicionales parecen estar agotados, veamos las múl- tiples cristalizaciones nuevas del poder del Estado desarrolladas en épocas recientes. Tanto si estamos de pleno acuerdo con el juicio de valor de Silone como en caso contrario, Silone tiene seguramente razón al subrayar los rasgos idénticos de los cuerpos gubernamentales y las grandes burocracias privadas. Las raíces de la burocracia estatal son múltiples. Una buena parte de ella, las burocracias que se ocupan del bienestar, el trabajo y la seguridad social, son vástagos directos de la moderna sociedad industrial y del desmembramiento de la fábrica social separada en diferentes sectores no conexos entre sí. A medida que fueron reemplazando a la iglesia y a la comunidad local, tuvieron que asumir todos los riesgos rehuidos por otros grupos. Tuvieron que cuidarse de todos aquéllos que habían sido desplazados de sus posiciones en el proceso de producción y distribución y de aquéllos que no habían sido aceptados nunca por ninguno de los grupos establecidos. Para hacer frente con eficacia a los problemas de sus millones de clientes, esas burocracias tuvieron que abandonar la individualización y adoptar métodos industriales.

Donde domina la competencia desenfrenada en gran escala, se encuentra en grado máximo una forma semejante de eficiencia técnica. Como la competencia inter-estatal por el poder se ha estado desarrollando desde comienzos de siglo en una escala cada vez mayor, las organizaciones militares —la parte más antigua de la maquinaria gubernamental— se han visto obligadas necesariamente a adoptar más rasgos de la producción de masa en gran escala que las demás partes de la maquinaria estatal. La industria moderna y la máquina militar tienen características muy semejantes.42 No sólo se condicionan recíprocamente en su existencia material, medida por el ritmo de destrucción creadora, sino que también se apoyan mucho entre sí para la formación de la actitud mental apropiada.

Hasta hace poco tiempo, las industrias privadas vivían bajo el régimen de responsabilidad formal ante los accionistas. Sin embargo, han podido estar sometidas también al “poder supremo del Estado”43. En realidad la supremacía del gobierno sobre la industria privada, modelada sobre la pauta de la espuria soberanía de los accionistas, puede servir de pantalla protectora en un momento en que los títulos privados parecen estar bajando en la estimación pública. El hecho de que se denomine privado o público a un sector de actividad social, no supone ninguna diferencia mientras que su estructura íntima, sus actitudes y las raíces de su autoridad sean tan semejantes como son las de la burocracia pública y la privada.

En los escalones inferiores de ambos sectores se ha puesto en armonía al incentivo monetario de la sociedad adquisitiva con la categoría del ascenso jerárquico, pero el primero no ha sido reemplazado por el último. La estructura jerárquica presupone la existencia de reglas de conducta rígidas que permiten un fácil control de las categorías inferiores de la administración por las superiores. En ambas burocracias, la seguridad de conservar el empleo se convierte en un apéndice de la estabilidad de la estructura social predominante; las normas jurídicas que garantizan los derechos de cada uno de los miembros llegan a ser innecesarias y en el caso de un conflicto social de gran envergadura, ineficaces. Los cargos ejecutivos, cuyos titulares pasan con frecuencia de una de esas esferas a la otra, han resistido con éxito todos los intentos de formalización jurídica, tanto los hechos mediante una legislación especial como los realizados por los tribunales de justicia. La ausencia de formalización en los rangos superiores de la burocracia pública y privada contrasta con el convencionalismo y la disciplina rígidos que prevalecen en los grados inferiores. Un uso hábil de esa fuerza bien disciplinada que es la burocracia de los grados inferiores aumenta el ámbito de acción de los grupos ejecutivos. La acción se realiza de acuerdo con las tradiciones institucionales de la organización, dentro de los límites materiales de los medios disponibles, y de acuerdo con el grado de respeto e inviolabilidad que pueden pretender otros grupos en sus respectivas áreas protegidas.

Tanto si algún grupo intenta invadir la provincia de otros grupos como en caso contrario,44 las repercusiones de las acciones de los grupos tienen que ser de largo alcance. El poder de hacer tratados en escala internacional que poseen los grupos privados es un ejemplo perfecto de ese tipo de cambio unilateral de elementos esenciales para la existencia de la comunidad. Las organizaciones obreras internacionales no han pasado de ser centros de propaganda cuyos llamamientos pueden ser atendidos —aunque en la mayor parte de los casos no lo sean— por esos grupos nacionales. Por el contrario, los grupos industriales comenzaron a firmar pactos internacionales que establecían sanciones eficaces en el caso de incumplimiento en época tan temprana como el período que precedió a la Primera Guerra Mundial. Al hacerse universal la conclusión de tratados en el período comprendido entre las dos guerras mundiales, la tarea fué confiada en la mayoría de las veces a diversos cárteles nacionales unidos en un cártel internacional o a compañías aisladas cuando éstas ejercían un dominio exclusivo sobre el mercado. Se producía una simple distribución de mercados entre los diversos firmantes del tratado o bien los participantes se obligaban a combinar sus esfuerzos, comenzando con el uso mancomunado de patentes y acabando con una organización común de los centros de producción.

Dentro del ámbito de tales actividades, la acción de cada uno de los gobiernos es considerada como una fuente inevitable de dificultades, que debe ser localizada en beneficio de todos los participantes.45 A medida que la cartelización de la industria alcanza escala internacional, la política industrial del Estado va perdiendo además el arma de la política arancelaria. Las convenciones de precios y ventas de los cárteles privados que sobreseen los aranceles aduaneros no reflejan ninguna consideración por aquellas partes de las economías nacionales respectivas que no participan en tales acuerdos. Además, como ha demostrado ampliamente la experiencia de las últimas décadas, tales convenciones tienden a reducir al mínimo la eficacia de la política gubernamental de precios o de impuestos.46

En busca de la soberanía. Como es natural, la acción unilateral de los grandes estamentos tiene repercusiones inevitables en el cuerpo político como un todo. Por ello, hay que volver a recoger nuestra pregunta previa: ¿No hay algún cuerpo supremo que pueda asumir el papel de autoridad final de última instancia de los parlamentos, los tribunales y el pueblo? ¿No se ha desarrollado ningún procedimiento para aliviar y controlar la constante presión y contra-presión ejercidas por las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, para prever las repercusiones de cada uno de los actos y tratar de equilibrarlos? ¿Es cierto, como sostiene Silone, que la organización actual no difiere en realidad de la organización privada sino por un grado superior de eficiencia?

La relación entre el Estado y el grupo económico como órgano fundamental de la actividad, es algo que se ha estudiado repetidas veces. De esos estudios se destaca por su penetración y originalidad uno, que data del final de la Primera Guerra Mundial. Rechazando la idea del Estado como máquina gigantesca de coacción en la que era posible cambiar los maquinistas, Wolzendorff trató de trazar la línea divisoria entre las funciones del Estado y las de otras organizaciones sociales. Los organismos sociales desarrollan sus propios usos y costumbres y crean sus propias normas. La provincia específica del Estado es el orden político y nada más que el orden político. Para aclarar la diferencia entre el Estado social omnicomprensivo que Wolzendorff rechaza, y el Estado como mera garantía de la existencia de diversas actividades libres de los grupos, llama este autor a su concepción “el Estado puro” —der reine Síaat —,47 La actividad normativa del Estado con respecto a las diversas esferas de acción es algo de lo que no puede prescindirse por entero, pero que debe limitarse al mínimo requerido para el mantenimiento del poder estatal. El Estado debe representar en primer lugar “una garantía responsable y en último término decisiva” del derecho creado por los grupos. Por otra parte, añade Wolzendorfí, “el Estado sólo puede administrar aquel derecho que es compatible con su existencia y su voluntad”.48 Sus fórmulas no parecen estar muy alejadas de las de una teoría moderna de la soberanía estatal como, por ejemplo, la desarrollada por Dickinson. La soberanía, según Dickinson, no consiste tanto en ejercer una “influencia creadora” como en efectuar la “elección final”.48

Ambos estudios subrayan el elemento de forma, la necesidad de decisiones que trasciendan de las relaciones entre los grupos. Implícitamente, tanto la “garantía decisiva final” de Wolzendorff como la “elección final” de Dickinson, presuponen la existencia de órganos trascendentes a los grupos, capaces de dar poderes delegados a los grupos o de retirarlos a los grupos recalcitrantes, de decidir acerca de las relaciones entre los grupos y, lo que es más importante aún, de imponer el cumplimiento de las decisiones contrarias a alguno de ellos, caso de ser necesario —y dispuestos a hacer todas esas cosas—.

La coordinación permanente presupone la compatibilidad de diversas finalidades perseguidas por diferentes grupos o la supresión de grupos “indeseables” o ambas cosas a la vez. Pero tanto si hay acuerdo para la coordinación como si lo hay para la supresión, los titulares del poder político supremo —un tribunal, un parlamento o un grupo oligárquico de políticos y profesionales de la violencia— necesitan tener un poder residual suficiente para realizar los arreglos comunes precisos y crear las condiciones generales requeridas para los propósitos aprobados por los grupos. Una vez que existe el acuerdo general y que los órganos privados y públicos están imbuidos del espíritu de las finalidades comunes —sea cual fuere la estructura ideológica utilizada para crear ese espíritu— la descentralización y la delegación de poder pueden ser instrumentos eminentemente útiles para mantener la autoridad de los titulares del poder político supremo. Sin embargo, si la delegación se produce sin que haya acuerdo sobre los problemas fundamentales, no implica sino un esfuerzo adicional de las estructuras de grupos divergentes. Entonces “robustece un sistema que es fuerte en las partes y débil en el centro”.50

La historia de la National Recovery Administration es un ejemplo. La primera administración de Franklin D. Roosevelt concibió la NRA como un movimiento general encaminado a restaurar la prosperidad mejorando las relaciones industriales y las prácticas comerciales. La propia National Recovery Act muestra que en su iniciación faltaba ostensiblemente un acuerdo fundamental sobre los fines. Se confió a administradores sacados de las filas de los grupos de productores interesados la elaboración de códigos destinados a realizar el propósito, contradictorio en sí mismo, de eliminar las prácticas desleales sin permitir artificios monopólicos. Prácticamente, lo que se hizo fué transferir en bloque la tarea a órganos de administración industrial autónoma, con la única reserva de la corrección por el ejecutivo político de los códigos propuestos. Desde un principio se cerró el camino a cualquier revisión de las relaciones existentes entre los grupos.

Los diversos códigos de cada una de las industrias se mode- laron con toda la participación de los trabajadores que permitía la fuerza real de las organizaciones sindicales interesadas. Se dejó a los representantes de los consumidores carentes de poder de negociación en el mismo vacío social en que se encuentran en la actual economía de guerra. Las diferencias entre las industrias que pedían códigos y otras que temían las desventajas de la competencia fueron zanjadas, sin ninguna consideración para los intereses de la comunidad, “mediante la diplomacia inter-industrial e incluso la coacción no formal”.51 No había órganos administrativos que dispusiesen de instrumentos adecuados para imponer el cumplimiento de los códigos. La persecución penal de las violaciones de tales códigos quedó limitada a unos cuantos casos especialmente selecionados y no tuvo sino carácter simbólico. En consecuencia, la efectividad de los códigos se basaba en la fuerza de las asociaciones de cada rama en sus respectivos campos de acción. El grado de obediencia a los códigos fué mucho más pequeño en las industrias en pequeña escala y las regiones económicamente atrasadas,52 esto es, precisamente en aquellos sectores donde era mayor el interés público en que se cumpliesen las disposiciones de aquéllos. Cuando, por último, la Corte Suprema acabó con el callejón sin salida creado por la administración de los códigos, borrando a la National Recovery Act de la colección legislativa, se habían acentuado los conflictos entre los grupos, y la realización de los fines públicos, la soberanía de la comunidad sobre sus diferentes partes, había quedado frustrada por la falta de capacidad del gobierno para impedir que las finalidades específicas de la comunidad quedasen sumergidas en la lucha de los diversos grupos por mejorar posiciones.53

Esto no es más que un caso particular de substitución de la soberanía (real o supuesta) de la comunidad por los intereses de los grupos particulares. Ahora bien, algunas teorías modernas de la soberanía han dado expresión característica a la ausencia de cuerpos o personas capaces de dar concreción a la voluntad política de las comunidades territoriales. Por ejemplo, las teorías pluralistas han tratado de presentar como una ventaja el hecho de que no sea posible descubrir los verdaderos gobernantes de la comunidad; descubrieron, en cambio, una multitud de organizaciones diversas a las que atribuían el don de que sus conflictos “se arreglan” por intermedio de una especie de super-asociación cooperativa.54 Todo eso está muy bien mientras los intereses divergentes hagan por sí mismos el “arbitraje” (clearing) o cuando sean tan homogéneos que el arbitraje de la “super-junta de compensación” sea una mera formalidad técnica. Pero si los conflictos entre los grupos son demasiado grandes e intensos para que se les pueda “arbitrar”, eliminándolos, si no hay un acuerdo fundamental entre las partes contendientes ¿cuál será la solución? Y si hay una divergencia fundamental de intereses ¿qué puede hacer que los grupos acepten convenios que aseguren la ejecución de la “elección final” del Estado?

También el “decisionismo” de Carl Schmitt había abandonado, ya en 1922, la esperanza de encontrar un sujeto permanente de la soberanía que quisiese equilibrar los intereses y voliciones de los diferentes grupos y facciones, y que fuese capaz de asumir esa función.55 Schmitt atribuía a continuación la soberanía a aquellas personas o grupos que demostrasen ser capaces de ejercer la dominación política en circunstancias extraordinarias. Pero el propio Schmitt señalaba que su concepto de soberanía era estruc- turalmente afín al concepto teológico de milagro —lo que hace de su sujeto de la soberanía algo bastante problemático—. Las circunstancias extraordinarias, como los milagros, pueden ser infinitas. Para reconocerlas como tales tiene que haber algún procedimiento que permita identificarlas. “II y a des miracles quisont des preuves certaines de vérité; et il y en a qui ne sont pas despreuves certaines de vérité. II faut une marque pour les con-naitre; autrement ils seraient inútiles”.56 Las circunstancias extraordinarias, como los milagros, son excepciones a las reglas que prevalecen en situaciones “normales”. Sus contornos están determinados por aquellas reglas de “normalidad” a las que “confirman” por el hecho de ser sus excepciones. En ausencia de una regla auténtica, las circunstancias extraordinarias permanentes pasan a ser el símbolo auténtico de la ausencia misma de ese sistema de coordinación al que la historia otorga tradicionalmente el atributo de soberanía.

Las teorías de las “circunstancias extraordinarias” no hacen sino indicar que la sociedad ha alcanzado un estadio en el cual el equilibrio de las fuerzas de los grupos es enteramente inestable; no hay una coordinación automática que pueda asegurar el funcionamiento de la “elección final” sobre la base del sistema de equilibrio. Pero cuando el mecanismo de coordinación deja de funcionar y de garantizar los acuerdos fundamentales entre los grupos que luchan por el poder de tomar las decisiones finales, los más poderosos de esos grupos se ven obligados a recurrir a la creación de una maquinaria de violencia que les permita suprimir los grupos “indeseables” y restringir la competencia entre los “deseables”. El acuerdo entre unos pocos grupos se consigue entonces gracias a un interés común fundamental en la eliminación o restricción de las actividades de muchos otros. El cumplimiento del pacto se confía por necesidad a la maquinaria recién construida, los operadores de la cual, “profesionales de la violencia”, constituyen a su vez nuevos grupos, ligados entre sí por enjambres de rackets. Los grupos antiguos tienen que compartir el poder con los nuevos. Los acuerdos iniciales que aseguraban originalmente la coordinación tienen que ser revisados y se impone la necesidad de buscar un nuevo compromiso. Las relaciones entre los grupos están otra vez en estado de flujo y el equilibrio inestable se mantiene sólo por un interés común en la supresión de los grupos indeseables.

La fuerza más característica de las que han estado operando para producir cambios en las relaciones de los imperios de los grupos es el fascismo. Destruyó por entero la organización de todos los grupos “indeseables”, comenzando por las organizaciones obreras. Emprendió después la tarea de ampliar la esfera del control ejercido por organizaciones reconocidas como “legítimas”. Se amplió y ensanchó enormemente la autoridad del Estado, de la que se invistió a aquellos mismos grupos, sobre la base de la inclusión coactiva de quienes no eran miembros de ellos. Fueron aniquilados los últimos vestigios de libertad societal, precariamente mantenidos por la coexistencia de organizaciones rivales con un amplio margen de fricción entre los grupos. Además, la coordinación de los grupos legítimos para la empresa imperialista común produjo la desaparición provisional de grandes áreas en las que se producían hasta entonces conflictos de grupo. Como las controversias que surgen dentro del marco de este acuerdo substancial no tienen por el momento sino importancia secundaria, no ha sido difícil trazar rutas para compromisos noformales, o incluso cuando ha sido necesario, para el ajuste formal de las diferencias entre los grupos, por obra de la fuente carismática de autoridad.

Dentro de la competencia en gran escala existente en el reino de las relaciones interestatales, la política de coordinación de los propósitos de los grupos más importantes, tal como se ha estado practicando en Alemania, tenía que producir un beneficio diferencial al país que fuese el primero en llevarla a la práctica. Dicho sea de paso, esto fué lo que ocurrió en la provincia de las relaciones comerciales internacionales. La política de coordinación imperialista ha hecho de los gobiernos fascistas participantes mudos en los acuerdos internacionales privados concluidos entre las organizaciones de negocios, y les permitió insertar en los contratos privados cláusulas que habían de debilitar seriamente el potencial bélico del país a que pertenecía la otra parte del contrato57. Sin embargo, bajo la influencia de la guerra, la política de coordinación central de propósitos de los grupos se extiende a todo el mundo. Tal como van las cosas, el beneficio diferencial conseguido por los grupos dirigentes de Alemania por el hecho de ser los primeros llegados a ese campo, está llamado a desaparecer. Vuelven a ser inestables los cimientos del acuerdo entre los imperios de grupos, cuyo cumplimiento imponen los “profesionales de la violencia”. Ya no están unidos sino por el interés común de los grupos legítimos en suprimir los ilegítimos o “indeseables”, y es bastante dudoso que se pueda mantener la supresión, una vez que el sistema que la aseguraba ha sido quebrantado de modo fundamental. Queda también por ver si el beneficio diferencial que reciban los países victoriosos será suficiente para asegurar un compromiso de grupos, por inestable que sea, sin tener que recurrir ulteriormente a eliminar y suprimir los intereses de aquellos de los grupos más importantes que puedan poner en peligro el funcionamiento de la coordinación.

Notas al pie

* Estando prohibido por las leyes de Estados Unidos prestar servicios al Estado sin remuneración, se fija en los casos en que una persona lo hace, un sueldo de un dólar al año. La institución se ha desarrollado bastante en los últimos tiempos, y muchos de los que perciben ese sueldo nominal, sobre todo en esferas de la actividad estatal relacionadas con la vida económica, son personas que ocupan altos puestos en compañías privadas que operan en los mismos campos a que se refiere esa acción estatal. (T)

1 El artículo de David Riesman. “Civil Liberties in a Period of Transition”, aparecido en Public Policy (Cambridge, Mass., 1942), vol. 3, pp. 33-96 demuestra de modo impresionante hasta qué punto tiene que hacerse intervencionista la doctrina constitucional liberal que toma en serio su misión para poder alcanzar un equilibrio efectivo de las fuerzas sociales.

2 John N. Figgis, Churches in the Modern State (Londres, 1914), p. 70.

* Empleo la palabra societal (societal en inglés) en el sentido de algunos sociólogos norteamericanos que establecen una distinción entre social y societal: social hace referencia a relaciones entre individuos, de las que pueden derivar grupos o sociedades; societal se refiere exclusivamente a la estructura y función de tales grupos y de los fenómenos sociales en general. (T.)

3 Harold J. Laski, “De Maistre and Bismarck” en Problems of Sovereignty (Londres, 1917), p. 211.

4 G. D. H. Cole, Social Theory (Londres, 1920), p. 134.

5 W. Lloyd Warner y Paul S. Lunt, The Status System of a Modern Community (New Haven, 1942), p: 20. Los autores dividen la estructura de clases de la sociedad moderna en seis grupos. Como las transiciones en un sistema avanzado de diferenciación de grupos tienen que ser muy numerosas, su primera conclusión de que “entre las clases que están más próximas se produce una constante interpenetración”, es evidente por sí misma. La segunda conclusión a que llegan, según la cual “las clases que se encuentran en los dos extremos están mucho menos relacionadas que las demás” (p. 23) es más interesante, aunque no se deduce necesariamente de las premisas en que se basan.

6 Esta división de funciones dentro de la iglesia había atraído antes la atención de Georges Sorel en sus Reflexions sur la violence (París, 1925), 6 edición p. 340; [hay trad, española] por lo que se refiere a la distinción entre las creencias políticas de los miembros de las iglesias (que pueden tener a su riesgo y ventura) y la mera función integradora de la iglesia ("creation d’un esprit essentiellementchrétien”), vid. Jacques Maritain, Humanisme integral (París, 1936), p. 287.

7 Vid., por ejemplo, un bien fundado juicio en Competition and Monopolyin American Industry, vol. 21 de los Reports del Temporary National Economic Commitee (Washington, 1941), p. 11.

* He traducido por “derroche ostensible”, aquí y en la Teoría de la clase ociosa, el concepto desarrollado por Thorstein Veblen, de conspicuous leisure, corriente desde la aparición de esa obra (1899) en la ciencia social norteamericana. Vid. su explicación en la edición castellana del libro de referencia (Fondo de Cultura Económica, México, 1944) (T.)

* Desde la aparición del folleto de R. II. Tawney, The Sickness of anAcquisitive Society, editado por la Sociedad Fabiana y, sobre todo, desde la publicación del libro del mismo autor The Acquisitive Society (Londres, 1921), se ha difundido en la bibliografía de lengua inglesa sobre problemas sociales la expresión “sociedad adquisitiva”. Según Tawney, puede llamarse “sociedades adquisitivas” a aquéllas en las cuales “toda la tendencia, interés y preocupación es fomentar la adquisición de riquezas” (The Acquisitive Society, 5“edición, Londres, 1923, p. 32). (T.)

8 Joseph A. Schumpeter subraya marcadamente la “singular efectividad” de este expediente en Capitalism, Socialism and Democracy (Nueva York, 1942), P- - 73

* Empleo la palabra “asociacional” (associational) siguiendo a los sociólogos norteamericanos que la han popularizado en inglés, por ser un barbarismo necesario para indicar el abstracto de un proceso de asociación que no puede indicarse con otros adjetivos, de mejor cuño castellano, aunque no admitidos por la Academia, tales como asociativo (T.)

9 James J. Robbins, “The Power of Groups to Govern”, United States Law Review, vol. 73, p. 380. (1939).

10 Temporary National Economic Committee, Reports, vol. 18, Trade Association Survey (Washington, 1940), p. 38.

11 W. H. Hutt, “The Sanction for Privacy under Private Enterprise”, Economica, vol. 9, p. 237 (1942).

12 Hermann Levy informa en Retail Trade Association: A New Form ofMonopolist Organization in Great Britain (Londres, 1942) que tal es la situación actual en una serie de ramas del comercio al por menor en Inglaterra.

13 Es lamentable que el interesante libro de Oliver Garceau, The PoliticalLife of the American Medical Association, (Cambridge, Mass., 1941) se limite principalmente a la descripción de las prácticas mediante las cuales se perpetúa en el poder el grupo diirgente de la Asociación. Queda por ver qué es lo que hace que, en conjunto, la Asociación consiga imponer un notable grado de conformidad a sus prácticas a pesar de que su posición monopólica está lejos de ser completa.

14 Por lo que hace a Estados Unidos el proceso ha sido descrito recientemente en el artículo de J. A. C. Grant, “The Gild Returns to America”, publicado en The Journal of Politics, vol. 4 pp. 302 ss. (1942); en la monografía de Arkadius Gurland, Otto Kirchheimer y Franz L. Neumann The Fate of Small Businesssin Germany, impresa para uso del Comité especial del Senado de los Estados Unidos para el estudio de los pequeños negocios (78th. Congress, 1st» Sess.), (1943), se hace una exposición detallada de la práctica y la organización de los pequeños negocios sobre bases coactivas.

15 John D. Lewis, ha mostrado en el artículo “Democratic Planning in Agriculture”, publicado en la American Political Science Review, vol. 35? p. 232 (1941) que los comités locales no reflejan más que el punto de vista de los terratenientes, pero no el de los arrendatarios.

16 Hans Kluge, “Reichsvereinigung” en Die Deutsche Volkswirtschaft, 1942, p. 567 (1942); Hans W. Singer, “The German War Economy”, vi, en The Economic Journal, vol. 52, p. 186 (1943).

17 La evolución producida a este respecto en Inglaterra, y en especial la institución de los “ex parte controllers” ha sido presentada con frecuencia, criticándola, por The Economist: “The Cartellization of England”, vol. 134, p. 551 (i939); “The Economic Front”, vol. 137, p. 362 (1939); “The Controllers”, vol. 146, p. 417 (1942); vid. también N. E. H. Davenport, Vested Interests orCommon Pool? (Londres, 1942).

18 Vid. la orden del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (New York Times del 17 de enero de 1943, p. 1.)

19 Además del artículo ya mencionado de The Economist, puede verse mi trabajo sobre “The Historical and Comparative Background of the Hatch Law” en Public Policy (Cambridge, 1941), pp. 341-373, el informe del comité de cuentas públicas de la Cámara de los Comunes, 1941, H. C. 105, p. 24, y el “Additional Report of the Special Committee Investigating the National Defece Program” (77th. Congress, 2nd. Session, Senate Report No. 480, part 5, 1942, p. 8-9), que se expresa casi en las mismas frases que el informe inglés. El intento hecho por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para eliminar, mediante la orden mencionada en la nota 18, la tan discutida “lealtad dividida”, sirve para enfocar la atención pública sobre el hecho de que, dentro de los límites de la organización industrial de hoy día, el problema parece punto menos que insoluble. Después de todo, ¿no sería sobrehumano esperar que por un sueldo federal de 8 000 dólares anuales se pudiera inducir a un miembro de consejos de administración que percibía por su trabajo 50,000 dólares anuales, a olvidar en sus decisiones “públicas”, todo pensamiento acerca de si está o no poniendo en peligro sus posibilidades de volver, después de la guerra, a un puesto remunerado con 50,000 dólares en el mismo campo de actividad?

20 La analogía es discutible, ya que el denominado “nuevo feudalismo” está singularmente libre de la aureola de deberes personalizados que constituían el meollo mismo de la tenencia feudal.

21 Sobre la política de duplicación y sus posibles consecuencias véase el artículo de Robert A. Brady, “Policies of Manufacturing Spitzenverbánde”, 111, en Political Science Quarterly, vol. 56, pp. 515, 527 (1941).

22 Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital (Berlín, 1910), p. 483

23 Por lo que se refiere a la situación de Norteamérica en este punto, véase el material reciente reunido en el artículo de William G. Rice, Jr., “The Law of the National War Labor Board”, en Law and Contemporary Problems, vol. 9, p. 470 (1942).

24 Sorel, op. cit., p. 376.

25 Friedrich Engels, “Anti-Dühring”, en Marx-Engels-Gesamtasugabe vol. 6, p. 518. [Hay varias ediciones españolas].

26 Véase el manuscrito inédito de Herbert Marcuse, Operationalism in Action.

27 Vid. Davenport, op. cit., pp. 45, 60, 88. Sobre las perspectivas de tal “combinación” en el mundo de la postguerra, cf. Joan Robinson, “The Industry and the State”, en The Political Quarterly, vol, 13; pp. 400, 406 (1942) y “Future of Politics” en The Economist, vol. 142, p. 456 (1942).

28 Sobre la relación entre rutina y esprit corporatif, vid. Sorel, op. cit., p. 369.

29 Esto no significa ciertamente que aquellos elementos y el aparato de violencia física que han creado, no se hayan de mantener vivos en ocasiones, como "socii” contra otros grupos.

30 En una de las monografías del Temporary National Economic Committee — Reports, vol 21, Competition and Monopoly in American Industry (Washington, 1941), p. 298— se ha reconocido la justificación de la generalización y se ha refutado la importancia de la diferencia entre dos tipos de rackets, el de “medios” y el de “fines”.

31 Cf. Max Horkheimer, “The End of Reason” en Studies in Philosophy andSocial Science, vol. 9, p. 377 (1942): “Si el individuo quiere subsistir, tiene que actuar como parte de un equipo”.

32 George C. Alien ha subrayado este punto en British Industries and TheirOrganization (Londres, 1933), p. 303.

33 Por lo que hace a los estratos superiores esto parece estar generalmente admitido. Vid. por ejemplo, Brady, op. cit., p. 524. Pero tiene igual importancia por lo que se refiere a puestos no ejecutivos.

* La palabra compuesta alemana Spitzenverband, pl. Spitzenverbande designa una institución, desarrollada por el nacional-socialismo en el campo de la economía, que constituye una organización tope o tenedora compuesta de otras organizaciones de menor categoría. Cf. sobre ellas, Franz Newmann, Behemoth, Pensamiento y acción en el nacionalsocialismo (Fondo de Cultura Económica, México, 1943) pp. 268 ss. (T.)

34 Hilferding, op. cit., p. 314; por lo que hace a críticas recientes del concepto de Generalkartell, vid. Paul M. Sweezy, The Theory of Capitalist Development (Nueva York, 1942), p. 340.

85 Léon Duguit, Les transformations du droit public (Paris, 1913) es lo más característico a este respecto. [Hay traducción española].

36 “Bajo las instituciones democráticas existentes la voluntad de la mayoría no organizada es impotente para afirmarse frente a la dominación del poder económico organizado”. Edward Hallett Carr, Conditions of Peace (Londres, 1942) p. 27.

37 Véanse detalles instructivos del influjo de las normas de procedimiento sobre la relación de las unidades industriales pequeñas y grandes en Hearings ofthe Senate Committee on Patents (77th Congress, 2nd Session) part 4, p. 1924 (1942).

38 “Cuando más fuerte es un cártel, menos necesidad tiene de aplicar un boicot declarado a una compañía, y más difícil resulta aportar pruebas jurídicas de que se ha producido un boicot. Los cárteles más pequeños tienen que apoyarse mucho más que uno de los denominados “sindicatos” industriales o financieros de estructura bien trabada en la aplicación visible de la disciplina organizada dentro de la organización y del boicot contra los extraños a ella”. Ausschuss xur Unter suchung der Erzeugungs—und Absatabedingungen der deutschen Wirtschaft, I, ni, 4, p. 69 (1930).

39 Temporary National Economic Committee, Reports, vol. 16, Enforcement of Anti-Trust Laws (Washington, 1940), pp. 77, 78.

40 Corwin D. Edwards muestra en su artículo “Thurman Arnold and the Anti-Trust Law”, Political Science Quarterly, vol. 58, pp. 338-355 (1943), que sólo cuando Thurman Arnold se encargó de la Anti-Trust Division se empezó a elaborar una política de aplicación efectiva de las leyes contra los trusts, en vez de limitarse a la persecución de casos aislados como se había hecho anteriormente. Pero Edwards tiene que admitir que “las circunstancias privaron a sus programas más importantes [de Arnold] de los efectos esperados” (p. 354). La suspensión general de los procedimientos iniciados contra los trusts, impuesta durante la guerra al Departamento de Justicia de Estados Unidos por la vía de “acuerdo administrativo”, unida al nuevo ímpetu que toman las prácticas asociativas bajo la economía de guerra, tendrá, según todas las probabilidades, mayor influjo sobre el desarrollo futuro que los cinco años de “política anti -trust”.

41 I. Silone, “The Things I Stand For”, en New Republic, 2 de noviembre de 1942, p. 582. Robert L. Hale ha estudiado las semejanzas entre las formas públicas y privadas de coacción en su artículo “Force and the State: A Comparison of ‘Political’ and ‘Economic’ Coercion”, Columbia Law Review, vol. 35, p. 149 (1935).

42 Temporary National Economic Committee, Reports, vol. 22, Technologyin Our Economy (Washington, 1940), p. 21.

43 Véanse las propuestas de Samuel Courtauld, “Future Relations of Government and Industry”, en The Economic Journal, vol. 52, pp. 1-17 (1942).

44 “La bella arte de la conducta ejecutiva consiste en no decidir cuestiones que no son pertinentes, en no decidir prematuramente y en no tomar decisiones que no pueden ser puestas en práctica, y en no tomar las decisiones que deben tomar otros”. Chester J. Bernard, The Function of the Executive (Cambridge, Mass., j 938), p. 194. La afirmación de Bernard es incompleta, pero describe de modo apropiado un aspecto —y no el menos importante— de las actividades ejecutivas.

45 Cf. el clásico texto del acuerdo entre la Standard Oil y la I. G. Farbenindustrie de noviembre de 1929. Establece que “en el caso de que el cumplimiento de estos acuerdos se vea en el futuro limitado o impedido por la aplicación de una ley existente o futura, o el interés de beneficio de cualquiera de las partes quede disminuido de modo importante por la aplicación de las leyes o el ejercicio de la autoridad del gobierno, las partes emprenderán nuevas negociaciones dentro del espíritu del presente acuerdo y tratarán de adaptar sus relaciones a las nuevas condiciones que hayan surgido.” 77th Congress, 2nd Session, Hearings of theSenate Committee on Patents, parte 4, p. 1786, (1942). Las negociaciones de 1940 entre la Standard Oil y la I. G. Farbenindustrie, así como los acuerdos especiales concluidos entre la Dupont y la I. G. Farbenindustrie en el mismo año, tienen que considerarse como ejemplos especiales de esta política de restringir al mínimo posible las perturbaciones de las relaciones entre las partes con motivo de la guerra. Estos casos y otros semejantes han sido estudiados por Corwin D. Edwards en Economic and Political Aspects of International Cartels, Sen. Doc., No. 1, 78th Congress, 2nd Session, 1940, pp. 68-69.

46 Aquellos autores que parten del aserto de que la cartelización internacional estimula la cooperación internacional han adoptado una actitud favorable hacia las actividades internacionales de los grupos industriales; Vid. por ejemplo, Alfred Weber, Europas Weltindustriezentrum und die Idee der Zollunion (Berlín, 1926), p. 130 o el memorándum presentado a la Sociedad de Naciones por el gobierno francés en mayo de 1931, citado por Alfred Plummer, InternationalCombines in Modern Industry (Londres, 1934), p. 127. Por otra parte los autores que suponen que tales acuerdos podrán ser utilizados con provecho por países específicamente imperialistas han rechazado lo que denominan “la tendencia a una planeación universal por un organismo central”; cf. Alfred Prinzing, Der politische Gehalt inter national er Kartelle (Berlín, 1938). Ambas afirmaciones parecen igualmente infundadas. En la medida en que los cárteles internacionales contribuyen a perturbar el equilibrio económico de los diversos países, se produce una tensión social que intensifica las actitudes nacionalistas y en gran parte contrapesa las tendencias encaminadas a la cooperación internacional sobre un base más amplia. Tampoco hay planeación internacional. Los cárteles y combinaciones están limitados a campos restringidos y no constituyen un Generalkartell en un plano internacional en mayor medida que en el nacional. Cf. también las prudentes afirmaciones de Herbert von Beckerath, Modern Industrial Organization (Nueva York, 1933), P* 233.

47 Kurt Wolzendorfí, Der reine Staat (Tubinga, 1920).

48 Ibid., p. 24.

49 John Dickinson, “A Working Theory of Sovereignty”, Political ScienceQuarterly, vol. 43, pp. 32, 47 (1928).

50 Vid. “The Controller, en The Economist, vol. 141, p. 417 (1942).

51 Vid. el interesante comentario The National Recovery Administration. An Analysis and Appraisal, publicado por la Brookings Institution (Washington, 1935), P- 120.

52 Ibid., p. 260.

53 Vid. las observaciones finales de la citada publicación de la Brookings Institution, ibid., pp. 881-885.

54 Vid. lo expuesto en la p. 13 supra.

55 Carl Schmitt, Die Diktatur (Munich, 1921) ; Politische Theologie (Munich, 1922).

56 Blaise Pascal, Pensées, Seconde partie, article xvi, ii.

57 Cf., por ejemplo, la destrucción de la planta de acetileno Jasco en Baton Rouge a petición de la I. G. Farbenindustrie en 1939 (77th Congress, 2nd Session, Hearings of the Senate Committee on Patents, pert. 3, 1942, p. 1363). En este caso el gobierno alemán no tuvo ninguna dificultad en conseguir sus fines estratégicos y militares por intermedio de las reclamaciones privadas de una empresa privada. En los países democráticos la coordinación de los intereses estatales e industriales ha funcionado hasta ahora en un grado mucho más bajo, si es que puede decirse que ha existido en alguna medida. Después de haber estallado la guerra en Europa, las embajadas de las Naciones Unidas seguían entregando correspondencia de representantes de sociedades de negocios norteamericanas que comerciaban con Alemania y les daban certificados de conducta patriótica sin intentar siquiera informarse o vigilar tales negociaciones entre sus nacionales y los representantes de los países enemigos (ibid., part 6, 1942, p. 2608). Un ejemplo típico de diferencias en la conducta de los grupos de negocios en un sistema coordinado y en uno que no lo está lo ofrece la historia de las “relaciones privadas de negocios” entre la I. G. Farbenindustrie alemana y la American Sterling Products, Inc., relatada por Walton Hale Hamilton, “The Strange Case of Sterling Products”, en Harper s Magazine, vol. 186, pp. 123-32 (1943). Dice Hamilton: “Una sociedad —(se refiere a la Sterling Products)—, amenazada por peligros por todas partes, trata de proteger sus propiedades y explotarlas. Para defender sus mercados y guardar sus fronteras, se obliga mediante un tratado internacional. Actúa sin considerar el interés de la nación a que pertenece; no acepta ninguna obligación de informar de sus actos a su propio gobierno. Se liga con un aliado ultramarino que está sometido a la voluntad de un Estado hostil y revolucionario. El partido nazi manda y sus órdenes son impuestas al aliado norteamericano por virtud de las obligaciones derivadas del contrato” (p. 130). La conclusión obvia es: “Empresas como la Sterling son llevadas por el deseo de ganancia a situaciones en las que están reducidas a la impotencia; sólo una cirugía resuelta y radical practicada por el gobierno puede romper los grilletes de su esclavitud” (p. 132). Pero “una cirugía resuelta y radical practicada por el gobierno” presupone un mecanismo diferente de coordinación de los imperios de grupos.

Additional Information

ISBN
9786076284841
MARC Record
OCLC
1079896161
Pages
10-57
Launched on MUSE
2019-09-06
Language
Spanish
Open Access
Yes
Creative Commons
CC-BY-NC-ND
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