Juan Manuel de Rosas contra los estancieros: Los embargos a los "unitarios" de la campaña de Buenos Aires

En septiembre de 1840, el gobierno de Juan Manuel de Rosas decretó el embargo de los "bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones de cualquier clase en la ciudad y campaña" de sus enemigos calificados como "unitarios". Esta medida respondió a una de las peores situaciones de crisis que haya conocido el largo gobierno de Rosas, que incluyó el bloqueo francés del puerto de Buenos Aires (1838-40). El bloqueo afectó seriamente al comercio exterior de la provincia y por esa vía también los ingresos fiscales del estado provincial. También esta época contó con el levantamiento rural de 1839 en el sur de la campaña de Buenos Aires, conocido como los "Libres del Sur". Finalmente, en 1840 Rosas se enfrentó con una invasión en el norte de la provincia liderada por el General Juan Lavalle, el viejo rival del gobernador. En reacción a la adhesión que el levantamiento del sur recogió entre un nutrido grupo de hacendados y productores—en una zona que se consideraba un bastión del régimen rosista—así como la simpatía que Lavalle pareció recoger entre estos mismos sectores en el norte, el gobernador decidió enfrentar abiertamente a estos desafectos, muchos de ellos poderosos estancieros acusados de ser unitarios, a través de un embargo masivo de sus propiedades y una fuerte represión.

Este embargo de los bienes de los unitarios ha sido poco tratado por la historiografía, quizás porque no resulta fácil interpretar una acción que pone en cuestión la visión más o menos consensuada del régimen de Rosas como expresión directa o representación de los grandes estancieros que se consolidaron bajo su prolongado gobierno. Pero justamente por ello, estudiar y evaluar un fenómeno de esta naturaleza resulta de gran interés para rediscutir la naturaleza del régimen rosista y del sistema político implementado en Buenos Aires en ese período.

Frecuentemente ha sido señalado que en una buena parte de América Latina las revoluciones independentistas fomentaron la consolidación del sector de los grandes propietarios de tierras, ya que sumaron a su tradicional poderío económico y social el acceso directo a las riendas del poder, una vez sacudido el rol intermediario que ejercía el cuerpo de funcionarios de la corona. El efecto adverso que la misma coyuntura tuvo en general sobre los sectores dedicados al comercio o a la minería parece haber afectado poco o nada al sector terrateniente, que durante el período colonial compartía el poder con aquellos—muchas veces de manera subordinada. Además, el derrumbe del orden político colonial generó serias dificultades en el establecimiento de sistemas institucionales alternativos legítimos y en general favoreció el liderazgo carismático de los caudillos. Estos fueron pensados como el resultado directo o indirecto del proceso de ruralización y militarización de las sociedades postcoloniales y, en general, como expresión del peso de los terratenientes, que eran capaces de movilizar una clientela de peones y campesinos dependientes, eventualmente convertidos en milicianos. Ante la ausencia de instancias de poder institucionalizadas, los caudillos postcoloniales eran la cima de un conjunto de relaciones patrón-cliente, y ese poder del caudillo "emanaba de la propiedad de la tierra y el control que ejercía sobre los recursos locales".¹ Esta visión ha sido matizada y complejizada en los últimos años, planteando la continuidad o la rápida invención de una vida institucional después de la revolución, el peso de ciertas tradiciones gubermentales coloniales, una cierta autonomía de los agentes de gobierno en los distintos ensayos revolucionarios, y el...